El Comité de Basilea modificó las pruebas de estrés bancarias

Su análisis demostró que evidenciaban ciertas deficiencias.

Las pruebas de tensión colocan a los bancos ante la necesidad de ofrecer respuesta a situaciones conflictivas que, de suceder, afectarían significativamente su capacidad para seguir funcionando en condiciones normales. Se simulan, para ello, situaciones que afectarían las redes de seguridad (antes llamadas relaciones técnicas y ahora regulaciones prudenciales), que constituyen el resguardo con el que cuenta una entidad para hacer frente a los riesgos inherentes de la actividad financiera.

El listado de las posibles contingencias es innumerable y, desde siempre, los funcionarios bancarios han imaginado cómo reaccionarían ante tales sucesos. En un principio estas prevenciones se ejecutaban inorgánicamente, sin una coordinación central. Estos planes de contingencia tenían el propósito de resguardar y, eventualmente, reconstruir los registros y la documentación que reflejaban los activos y pasivos que algún acontecimiento natural o político pudiera destruir y, por ende, imposibilitar la continuidad operativa.

Un poco más adelante, estos exámenes, al orientarse hacia los negocios y sus riesgos, originaron los stress tests, ya más estructurados pero aún pragmáticos, al carecer de un marco estandarizado y sujeto a supervisión.

Finalmente, la gran crisis financiera del 2007 y 2008 llevó al Comité de Basilea, en el mes de mayo de 2009, a publicar los primeros principios prudenciales que formularon un procedimiento uniforme y común, adecuado a la importancia que comenzaron a adquirir las pruebas de tensión como un instrumento útil para prever y minimizar los impactos que podría producir una nueva inestabilidad financiera o económica.

Se propuso, entonces, una guía para identificar las debilidades y, consecuentemente, proponer las pautas que permitan un diagnóstico que ayude a una eficiente gobernanza de la entidad, al mismo tiempo que provea a los supervisores y autoridades competentes un conocimiento preciso de la fortaleza y resiliencia, tanto para un caso individual como para el sistema financiero en su conjunto.

El Comité de Basilea ha decidido actualizar y reformular dichos principios. Su análisis demostró que las pruebas llevadas a cabo evidenciaban ciertas deficiencias que deberán ser subsanadas incorporando la experiencia recogida en los últimos años. Por ejemplo, un objetivo importante es evitar la dispersión de las metodologías utilizadas y de los datos relevantes a los que se recurre para diseñar los posibles escenarios, cuyas dificultades deberán ser enfrentadas y solucionadas. También es importante minimizar la manipulación a la que podrían someterse los resultados a fin de satisfacer las necesidades políticas del momento. Esto tiene su origen en la renuencia a divulgar públicamente el estado real de algunas entidades, como sucedió en la Unión Europea durante las dificultades con los bonos soberanos, pues se podrían desencadenar ciertos recelos sobre la solidez de instituciones gravitantes en su entorno, como fue el caso más reciente de los bancos italianos fallidos, que justificaron el apoyo gubernamental con la anuencia del Banco Central Europeo. Ante esto, es justo contraponer la posición adoptada por los supervisores estadounidenses, que un par de años atrás reprobaron los resultados de las pruebas cualitativas de varios bancos insignia de Wall Street.

También se consideró que este tipo de ejercicios, de una periodicidad anual como mínimo, deberán responder a las nuevas condiciones financieras, económicas y normativas, al mismo tiempo que deberán ser adaptables a los distintos modelos de bancos y legislaciones presentes en los diferentes países.

La versión propuesta ha sido un esquema resistente al paso del tiempo y a los cambios. Además se ha enfatizado el concepto de la gobernabilidad necesaria en momentos en que se presentan circunstancias adversas de gran magnitud.

Todo ello debe contribuir a asegurar una adecuada defensa ante los riesgos que pudieran presentarse, proponiendo una amplia gama de metodologías, análisis de sensibilidad y soluciones de creciente complejidad, para lo cual se exige una mayor severidad en la formulación de las situaciones de estrés.

Es posible entender mejor la dimensión de esta última exigencia si se tiene una idea más precisa de los supuestos que, a principios de 2018, han definido los organismos supervisores de la Unión Europea para las pruebas de tensión que deben realizarse este año. El universo a verificar comprende a los 48 bancos de mayor envergadura de la comunidad, que reúnen el 70% de los activos totales del sector bancario.

Los datos básicos son los que ha distribuido oportunamente el Banco Central Europeo al difundir sus expectativas sobre el desenvolvimiento económico para el corriente año. Los factores disruptivos comienzan con la suposición de un abrupto aumento de las primas de riesgo financiero, junto con una degradación de las deudas soberana y privada. Se suman las limitaciones a la solvencia y liquidez de ciertos sectores, con una caída generalizada de toda la economía comunitaria. Se estaría, entonces, ante una importante caída del producto bruto interno, del 1,2 % este año y del 2,2 % para el siguiente. Recién en 2020 crecería un 0,7 %. A ello habría que agregar un crecimiento del desempleo del 3,3 %, un descenso del 1,9 % del índice de precios minoristas y una reducción cercana al 30 % en el valor de los inmuebles residenciales.

La propuesta de la nueva regulación abarca nueve principios que se refieren a distintos aspectos, tales como la responsabilidad y obligaciones que deben asumir las más altas autoridades y los responsables ejecutivos, y la importancia de la capacidad de los sistemas informáticos para proveer, con rapidez y certeza, las respuestas a las demandas que presenten los problemas a medida que se sucedan.

También se señala que los escenarios propuestos deben ser diseñados desde una perspectiva totalizadora, que cubra todas las actividades y no elimine las hipótesis que se consideran poco probables. Sin embargo, se ha dado prioridad a la planificación del capital y de la liquidez y a la vulnerabilidad de los ingresos.

Formalmente, el documento se divide en dos partes: la primera, con las recomendaciones que deberán seguir los bancos para organizar sus pruebas internas; y la segunda, dirigida exclusivamente a los supervisores, que los orienta en la preparación de las pruebas (que abarcarán a la totalidad del sistema financiero) y en el control de los resultados.

De la adecuación a los nuevos tiempos de los principios que enmarcan a las pruebas de tensión, se desprende que tanto las máximas autoridades de los bancos como los supervisores y otras autoridades competentes deben considerarlas un instrumento invaluable para verificar la calidad de los criterios y procedimientos que actualmente rigen la gestión de los riesgos bancarios.

Este artículos fue elaborado por Consultores Bancarios Asociados

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