Promueven la bancarización para facilitar el combate contra la corrupción

El persistente y extendido uso de efectivo hace más engorrosos los traslados de dinero ilícito pero, al mismo tiempo, evita dejar rastros. La universalización de las transferencias bancarias generaría mejores condiciones depara optimizar la trazabilidad y desincentivar los delitos económicos.

Los recientes casos de corrupción que tomaron estado público en nuestro país encuentran un denominador común en el uso de bolsos para transportar el dinero generado de manera ilícita. El caso más paradigmático fue el del ex Secretario de Obras Públicas José López revoleando, en medio de la noche, bolsos con 9 millones de dólares dentro de un convento.

Los nuevos casos surgidos a partir de los cuadernos de las coimas dan cuenta del itinerario de centenares de bolsos que se trasladaron durante casi una década de un lado a otro, en muchos casos con destino fuera del país. Si no fuera por ese curioso, artesanal y precario registro, para la Justicia difícilmente hubiera sido posible determinar el derrotero de ese dinero desde los orígenes hasta los posibles destinatarios. Es que el dinero en efectivo, a pesar de lo engorroso de su transporte, no deja rastros.

Un reciente artículo publicado en la revista de análisis económico del Fondo Monetario Internacional (FMI), Finance & Development, pone el foco en la virtual obsolescencia del papel moneda como instrumento de intercambio y destaca las enormes diferencias en las monedas de los distintos países. La publicación destaca que, “en promedio, el billete más grande en circulación en los países equivale a 33 dólares de Estados Unidos, pero la diferencia en el valor real entre los países no podría ser más descarnada”. Es que, según grafican, “se necesitan tres billetes de 100 libras de Sudán del Sur (la denominación más alta en circulación) para comprar un café mediano en Starbucks mientras que, en el otro extremo, sólo se necesitan dos de los billetes de más alta denominación de Brunei (billetes de 10.000 dólares) para comprar un automóvil sedán Yaris de Toyota, modelo 2018”.

Del mismo modo, el artículo destaca que un millón de dólares en moneda norteamericana ocupa el 70% de un maletín de tamaño estándar, mientras que con el billete de máxima denominación de Singapur sólo se precisaría 1,5% del espacio, lo que equivale a decir que, en esa moneda, en un maletín se podrían transportar 75 millones de dólares. En euros, haciendo uso del billete de 500, se ocuparía un 15% del maletín para transportar el equivalente a un millón de dólares.

El artículo sugiere que “el efectivo no puede reinar por siempre” y pronostica la pronta bancarización absoluta del mercado mundial, algo que en algunos países del norte de Europa, como Suecia, ya es casi una realidad. Allí alrededor del 80% de las operaciones ya se realizan a través de distintos mecanismos de pago electrónico e incluso están quedando atrás los pagos a través de tarjetas de débito y crédito para dar lugar a mecanismos más ágiles asociados a los dispositivos móviles. Es que, a esta altura, la impresión, manipulación y transporte de dinero generan costos adicionales completamente innecesarios.

Sin embargo, más allá de los problemas logísticos y de costos asociados al transporte del efectivo, que se agudizan en los países que sufren una constante depreciación de sus monedas, la bancarización de las operaciones ofrece otras ventajas para nada despreciables. Precisamente, el artículo de la revista Finance & Development publicado en junio de 2018 sirvió de disparador para que el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) publicara en agosto un artículo enfocado en los beneficios de la bancarización de las operaciones como instrumento para combatir la corrupción y, al mismo tiempo, reducir la evasión fiscal.

Virgina Giordano, economista de IDESA que participó en la elaboración del estudio, señaló que “en este país hay muy poca bancarización. Eso facilita la corrupción e, incluso, genera un incentivo para ella”.

Andrés Sarcuno, director de Forensic Services de PwC Argentina, explicó que “mi experiencia realizando investigaciones en fraudes y corrupción en el sector privado indica que disponer de información para revisar lo que ocurrió en el pasado facilita identificar potenciales hechos ilícitos. Permite medir el impacto y establecer quiénes estuvieron involucrados. Siempre que el movimiento de fondos quede registrado va a facilitar la investigación”.

En la misma línea, Diego Bleger, socio a cargo de Risk Consulting de KPMG Argentina, destacó que “una reducción del grado de informalidad de la economía limita mucho el espacio donde una persona o una empresa pueden cometer hechos de corrupción”. Con todo, el especialista reconoció que “los esquemas, mecanismos y sistemas de corrupción van mutando todo el tiempo, en gran parte por el desarrollo tecnológico. Uno de ellos es el cibercrimen, es decir los delitos que se cometen desde los propios sistemas informáticos y que buscan en todo momento desarrollar instrumentos digitales para violar los sistemas de seguridad”.

César Litvin, CEO del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, consideró que “la bancarización es una muy buena forma de limitar la corrupción porque deja registrado cualquier movimiento bancario. En los actos de corrupción siempre el dinero entra por algún lado. Si ingresó por un circuito bancario, como las cobranzas a la administración pública, luego tienen que salir por algún medio. La bancarización de los egresos de dinero permite a los investigadores seguir esa ruta del dinero. Tienen que justificar contablemente cada vez que haya un movimiento bancario que debe ser imputado”.

Para Andrés Sarcuno, “entre movimiento de efectivo sin registro y movimiento bancario, siempre va a ser mejor que las operaciones hayan estado bancarizadas. De este modo, se puede reconstruir una situación o identificar patrones de conducta potencialmente irregulares”.

Bleger agregó que “la bancarización se asocia también con una reducción de la informalidad en general, y una mayor trazabilidad de las transacciones permite generar alertas para evaluar su consistencia con las declaraciones de ingresos”.

Giordano, coincidió en que “un shock de bancarización sería fundamental y esencial para muchos factores. Uno es la corrupción pero también para el manejo del IVA, porque se reduce sustancialmente la evasión en el pago de impuestos. Se podrían cruzar datos entre personas, AFIP y todo el sistema bancario y sería mucho más fácil detectar operaciones de ese tipo”.

Los beneficios de la trazabilidad

Sarcuno destacó que “las declaraciones de ingresos de las personas forman parte de la información fiscal. Los investigadores del sector privado no podemos acceder pero sí lo puede hacer la Justicia en caso de requerirlo. La realidad es que hay un organismo que registra todas las transacciones. Todo lo que formalice la economía va a favorecer toda investigación porque permite revisar los hechos. El perpetrador si tiene que cometer un acto ilícito en forma bancarizada necesita una sofisticación en su operatoria para ocultar los movimiento bancarios”.

Según destacó Sarcuno, “a la AFIP se le informa todos los años el nivel de ingreso y los bienes y dispone de la información de mis consumos. Cuenta con una gran cantidad de datos. Ahora, lo diferencial es ver cómo se trabaja sobre esos datos para obtener información valiosa que me permita saber si, por ejemplo, una persona está viviendo por encima de sus posibilidades. No está claro si la AFIP dispone de esa tecnología”.

Litvin remarcó que “todos los movimientos bancarios son conocidos por la AFIP y pueden ser conocidos por la UIF. Eso permite detectar operaciones sospechosas. De hecho, la AFIP cuenta con una norma que no considera hecho un pago si no se hace vía bancaria. Ahora está por disponer que las operaciones inmobiliarias deban ser obligatoriamente hechas por bancos”.

Para Giordano, “todavía se dificulta el cruce de datos entre diferentes organismos dentro del sector público. Es casi nulo. Hay que generar convenios con bancos y organismos para avanzar en el objetivo de la trazabilidad”.

Bleger, por su parte, puntualizó que “desconocemos las herramientas tecnológicas con las que cuenta AFIP. Las tarjetas de crédito monitorean los pagos y establecen alertas para identificar anticipadamente inconsistencias y los límites son establecidos sobre un análisis de los ingresos. En ese sentido, la AFIP podría identificar potenciales inconsistencias. Asimismo, el gobierno traslada a los bancos algunos controles de esas potenciales inconsistencias a través de la normativa sobre PLAFT”.

Sarcuno explicó que, “en general, el que solicita una coima, quiere tener la plata fuera del país. Por eso, lo primero que analizamos a la hora de investigar un posible delito son las transferencias al exterior que hizo una empresa. Así se empieza a reducir el universo de potenciales personas involucradas en casos de coimas”.

Más en detalle señaló que “cuando se otorgan esos beneficios piden que se deposite el dinero en Uruguay o en las Islas Vírgenes o en una cuenta en Nueva York o Suiza. Después resta ver quién es el beneficiario final de esa transferencia. Si la hicieran en efectivo en un bolso es mucho más difícil porque necesitas las cámaras de seguridad de un edificio e identificar una persona”.

Medidas para incentivar la bancarizacion

Los especialistas coincidieron en que aún es necesario avanzar en un conjunto de medidas para estimular la bancarización.

Sarcuno, por ejemplo, indico que debe haber “medios de pago ágiles y un menor costo de las transacciones a partir, por ejemplo, de la gratuidad de ciertos productos y de la reducción de cargas tributarias aplicables a nivel de operaciones financieras, como es el caso del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Por otra parte, la innovación en la intermediación financiera, con el debido involucramiento de las áreas de Riesgos y Cumplimiento, contribuirá, sin dudas, a la disponibilidad de canales electrónicos que faciliten el movimiento del dinero y la reducción de costos operativos.”.

Giordano destacó que, “para incrementar la bancarización, lo primero es quitar impuestos que desincentivan el uso del sistema bancario. El primer ejemplo es el impuesto al cheque. Nosotros proponemos que todos los bienes tributen IVA y que luego se genere una devolución vía sistema bancario a las personas de más bajos ingresos a través de las tarjetas de débito y de cruzar datos con ANSES para detectar quienes son lo que cobran la jubilación mínima y quienes tiene ingresos más bajos”.

La especialista señaló que “lo fundamental es incentivar la bancarización pero también se pueden prohibir directamente las operaciones con valores muy altos por otra vía que no sea la electrónica, como la venta de inmuebles o de automotores”.

Para Litvin, “el inconveniente más grande para la bancarización es el impuesto a los débitos y créditos. Muchas veces se evita la bancarización para eludir el 1,2% del impuesto a los débitos y créditos. Es un elemento distorsivo.”.

Sebastián Morazzo, socio de PwC Argentina y especialista en financial services, destacó que “la apertura económica de los últimos años y las medidas tomadas por el Banco Central contribuyeron a desarrollar el sector financiero aunque sin lograr aún la profundidad que muestran otros países de la región. En Argentina, el crédito doméstico al sector privado es inferior al 20% del PBI, comparado con la región donde es superior o cercano al 100%. Ello no sólo representa una oportunidad desde el punto de vista del potencial de crecimiento del sector, sino también una necesidad desde la visión del negocio bancario de continuar la transición de un sistema transaccional a uno de intermediación financiera, a más largo plazo”.

Según el experto, “para incrementar el nivel actual de bancarización, es indispensable trabajar fuertemente en el proceso de desinflación, reducir la incertidumbre y tomar medidas tendientes a promover el ahorro y el crédito”. 

Los entrevistados indicaron que la bancarizacion no aumentó, a pesar de las medidas que se tomaron en los últimos años para estimularla.

Bleger señaló que “un dato objetivo a tener en cuenta es que en la Argentina, en los últimos años se han incrementado los ‘excluidos financieros’ pasando del 50% al 52%, donde los sectores de más bajos recursos los que se desbancarizaron más”.

Giordano coincidió en que “las personas que menos acceso tienen al sistema bancario son las de menores ingresos y la realidad es que ese tema no se ha podido resolver”.

Con todo, Bleger señaló que “siempre se puede avanzar más. Por ejemplo, tomando medidas que fomenten una mayor confianza en los bancos y en la economía en general, y achicando el porcentaje de la economía en negro que tiene el país y que permite el desarrollo de sistemas corruptos. Hoy la tecnología es una herramienta de transparencia y de control muy efectiva”.

Morazzo destacó que “durante los últimos años, se tomaron diversas medidas con el objetivo de mejorar la inclusión financiera e impulsar la banca digital, como la apertura de cajas de ahorro gratuitas con tarjetas de débito, créditos hipotecarios y depósitos ajustables por inflación, apertura de sucursales en zonas poco rentables, introducción de servicios financieros en shoppings y supermercados y el uso de medios de pago electrónicos (transferencias inmediatas, DEBIN, pagos móviles)”.

El especialista sugiere que “hacia adelante debería haber una mayor coordinación con otros organismos del estado como la UIF o la AFIP y los fiscos provinciales, dado que existen impuestos que son barreras para lograr la inclusión financiera, como el impuesto a los débitos y créditos bancarios y el impuesto a los ingresos brutos. Habría que generar incentivos fiscales que alienten la expansión del crédito y del ahorro, tanto para los usuarios como para las entidades. Si logramos avanzar en este objetivo, no sólo estaremos contribuyendo desde lo social sino también estaremos reduciendo la economía informal, aislando de esta forma a aquellos que realizan actividades ilícitas”.

Por lo pronto y en concordancia con lo que revelan los cuadernos, de acuerdo a Sarcuno, “de una encuesta que publicamos a principio de año se desprende que la Argentina y América del Sur se encuentran por encima del promedio mundial en delitos económicos. A nivel mundial los delitos económicos están en alrededor de un 30% mientras que en América del Sur llegan al 40% y en Argentina superan el 50%”.

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