20 años de importantes logros y un futuro incierto

Sistema de riesgos del trabajo

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El sistema generó una baja de los siniestros, mayor prevención y mayores prestaciones y enfermedades cubiertas, pero enfrenta una alta judicialidad que pone en peligro su sustentabilidad. Se espera que una nueva ley ayude a resolver esta situación.

El régimen de accidentes de trabajo cumplió 20 años con importantes logros en su haber, entre los que se cuentan el aumento de la cobertura, la cantidad de fallecimientos evitados y la mejora en las prestaciones. En 1996 el nuevo sistema cambió la forma de reparación económica de los daños permanentes, estableció una lista taxativa de enfermedades profesionales y la obligatoriedad del seguro o autoseguro. Y se pasó de un esquema basado en la responsabilidad individual a un subsistema de la seguridad social, con un importante hincapié en la prevención.

Como resultado, se evitaron 8.762 muertes, al haber caído un 69% los fallecidos sin itinere y un 65% con itinere, según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART). Y cayó más de 20% la siniestralidad. Asimismo, hoy el sistema cubre a 9,8 millones de trabajadores y en 2014 brindó 6 millones de prestaciones asistenciales.

Sin embargo, hoy el sistema se encuentra amenazado por la creciente litigiosidad. Se espera que este año se inicien más de 120 mil juicios, un incremento del 16% respecto al año pasado. Se sumarían al stock de 300 mil juicios en curso.

“En estos 20 años hubo muchos logros en el sistema. Se bajó la cantidad de fallecidos en el ámbito laboral, se incrementó cinco veces las indemnizaciones desde 2012, se logró reinsertar muchos trabajadores al sistema y se avanzó en la prevención. Pero es acuciante el nivel de judicialidad que socava la dinámica de las ART”, dijo el gerente general de Asociart, Marcelo Larrambebere.

En la misma línea se expresó Roy Humphreys, gerente general de Experta ART. Según el ejecutivo, “el sistema de riesgos de trabajo se ha consolidado y legitimado como el sistema a seguir, porque se cumplieron los objetivos planteados principalmente en el área de la prevención. Es un sistema valorado por los trabajadores y por los empresarios desde el punto de vista médico, porque ha alcanzado un nivel de calidad que es satisfactorio. Cerca de 8 de cada 10 trabajadores están satisfechos con el sistema”.

“Lo negativo pasa por la judicialización del sistema. Es una especie de paradoja, ya que bajaron los siniestros, se mejoraron las prestaciones, sobre todo las económicas, que eran las más cuestionadas, se introdujeron mecanismos de actualización y, sin embargo, se incrementaron los juicios contra las ART”, agregó.

Gonzalo García, director de Negocio de Galeno ART, señaló, por su parte, que en estos 20 años “hubo un trabajo muy integrado entre todos los actores, empresas, empleados, ART y organismos de contralor, más allá del cumplimiento de la norma. Hay una asociación de intereses en común: que no le ocurran accidentes al trabajador y que, si ocurren, la prestación sea rápida, en tiempo y forma. El sistema está pensado en forma pragmática y exitosa, nadie quiere tirarlo atrás. Si hay que mejorarlo, hay para trabajar”.

El directivo agregó que se trata de un sistema que permite “crear círculos virtuosos. Entre las empresas y las ART se arman vínculos de largo plazo. No es un sistema de alta rotación (10% anual de la cartera), lo que genera beneficios mutuos, basados en el conocimiento entre la ART y los servicios de seguridad e higiene de la empresa, o los médicos de la ART y los servicios de salud ocupacional de la empresa”.

“En estos 20 años hubo muchos logros en el sistema. Se bajó la cantidad de fallecidos en el ámbito laboral, se incrementó cinco veces las indemnizaciones desde 2012, se logró reinsertar muchos trabajadores al sistema y se avanzó en la prevención. Pero es acuciante el nivel de judicialidad, que socava la dinámica de las ART.” (Larrambebere)

Un problema que no encuentra solución
A pesar de los beneficios que ha generado el sistema en estas dos décadas de existencia, la alta judicialidad pone en peligro su sustentabilidad. Y la solución no se presenta fácil. Ya en 2012 se buscó resolver este problema, pero los resultados fueron nulos.

La reforma de aquel entonces mejoró las sumas adicionales y el piso prestacional 424%, según la UART, debido a que cambiaron los pagos en renta a pagos únicos, las sumas adicionales tienen pisos prestacionales actualizados semestralmente por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y se aumentaron las prestaciones por contar con un adicional del 20% y actualizaciones por Ripte. También permite al trabajador reclamar una reparación integral por la vía civil, entre otras modificaciones.

“La industria del juicio es muy difícil de vencer en la medida en que no se resuelvan los incentivos. No digo que haya que cerrar la posibilidad de ir a la justicia, pero sí que se permita un esquema por el cual el 80 u 85% de los casos se pague por vía administrativa. Luego, si hay casos conflictivos, que se pueda recurrir”, dijo Humphreys.

Según sus datos, el 20% de las incapacidades que se paga por vía administrativa también reclama por vía judicial.

“La judicialidad tiene que parar, porque no tiene relación con la mejora de las prestaciones, las reparaciones dinerarias y que se bajen los accidentes. ¿Qué justifica que haya juicios contra las ART? El estímulo dinerario para los abogados es mayor, porque mejoraron las prestaciones dinerarias”, dijo García.

“También es difícil de bajar la siniestralidad in itinere, que se duplicó en estos 20 años como consecuencia de los accidentes de tránsito y los eventos de violencia e inseguridad que se han dado. Hay iniciativas para mejorarla, pero se manejan mal. Es un desafío del sistema. Es algo que la sociedad en un todo tendría que trabajar. Por ejemplo, es necesario que se hagan campañas viales”, agregó el ejecutivo.

Un alivio para el sector fue el reciente fallo Espósito de la Corte Suprema, que impide aplicar el índice Ripte, que prevé la ley de 2012, en forma retroactiva para calcular las indemnizaciones. Resuelto el conflicto de la retroactividad, el sector también espera que el Ripte se aplique correctamente, es decir, sobre los montos fijos de las prestaciones dinerarias y no a los variables, como sucede hoy en día.

Pero siguen existiendo incentivos para que los trabajadores vayan a la Justicia, debido a la forma en que trabajan los peritos y las comisiones médicas y se aplican los baremos. El problema con los peritos que se designan para establecer las incapacidades en los juicios es que sus honorarios están vinculados al monto de los siniestros y, por lo tanto, tienen incentivos para elevar los puntos de incapacidad, lo que genera un conflicto de intereses.

Según Humphreys, la consecuencia de esto es que la vía judicial arroja el doble de puntos de incapacidad promedio (18) que la vía administrativa (9). “Se requiere una reforma del esquema pericial hacia un esquema remuneratorio por su tarea, no en función de la incapacidad”, dijo.

En relación con este punto, Larrambebere señaló que, a nivel de la UART se está trabajando para cambiar la remuneración de los peritos, para que se vincule más con la prestación que dan que con la sentencia. Y explicó que en Córdoba, tras un trabajo en distintos ámbitos de gobierno, se bajó 7 puntos (a 14) el porcentaje de incapacidad en los dos últimos años. En tanto, en Santa Fe se está encarando un convenio entre la corte suprema provincial y la Superintendencia de ART.

Según datos de la UART, la Ciudad de Buenos Aires concentra el 45% de los juicios ingresados en el país; la Provincia de Buenos Aires aglutina el 15,5%; Santa Fe, el 14,4%, y le sigue Córdoba, con el 10,6%.

Los directivos indicaron que otro incentivo para litigar es que en las sentencias no se respeta el baremo que prevé la ley del sector.

“Hay un listado taxativo de enfermedades profesionales, pero hoy hay tantas interpretaciones del accidente en cuestión como jurisdicciones, cámaras y juzgados. Queremos que se respete la ley”, reclamó Larrambebere.

“Es una especie de paradoja, ya que bajaron los siniestros, se mejoraron las prestaciones, sobre todo las económicas, que eran las más cuestionadas, se introdujeron mecanismos de actualización y, sin embargo, se incrementaron los juicios contra las ART.” (Humphreys)

Una nueva ley de ART

En este contexto, el Gobierno prevé presentar entre agosto y septiembre una nueva ley de riesgos de trabajo y, además, buscará que todas las provincias y municipios adhieran al régimen. Las autoridades tienen en claro que la actual situación del sistema contribuye a los altos costos laborales que tiene nuestro país, que desincentivan la tan anhelada inversión privada. La alta litigiosidad se vuelca a las tarifas que paga el empleador: la alícuota promedio es del 3,4% de la nómina cuando hace tres años estaba en un 3%.

“Para poder año tras año atender la cantidad de juicios que se incrementa, hay que trasladar el mayor costo a la alícuota de las empresas y esto se transforma en un incremento del costo laboral. Es en los sectores industriales donde se incrementó más la alícuota. Si se lograra controlar el flagelo de la judicialidad se podrían bajar las alícuotas”, dijo Larrambebere.

Según explicó García, en un sistema normal la prima lleva 15 o 20% de la judicialidad, pero el actual le carga 20 puntos más: “Nosotros tenemos que trasladar los mayores costos sí o sí a las tarifas, por un tema técnico y de subsistencia”.

Uno de los objetivos de la nueva ley sería lograr mayor eficiencia y celeridad en el uso de las comisiones médicas, para que sean ellas las que resuelvan los reclamos.

Humphreys explicó que “si las comisiones médicas no funcionan en tiempo y forma perdemos. Si tardan tres o cuatro meses para dar turno y determinar la incapacidad, en ese tiempo al trabajador lo bombardeó el abogado. Es bienvenida la propuesta de la superintendencia para trabajar en forma más eficiente”.

También las ART buscan que las comisiones médicas sean las que homologuen los puntos de incapacidad para que el trabajador cobre rápidamente.

“Pedimos que la vía administrativa permita cerrar los casos y que tengan el valor de cosa juzgada”, dijo Humphreys, porque hoy el empleado puede ir a la Justicia a pedir mayores puntos de incapacidad. “Si cerramos el caso en la comisión médica, el trabajador cobra y se termina ahí. Que sea revisable si hubo algún problema. Si no, cosa juzgada. Y si no está de acuerdo, que vaya a la Justicia, pero le retenemos el pago”, agregó, porque según explicó, la mitad de los casos en la justicia provienen de comisiones médicas que dieron nula incapacidad y terminan ganando los abogados.

Además, la nueva ley pretende llevar al sistema de riesgos de trabajo del fuero Laboral al Federal de la Seguridad Social.

“Se requieren tres patas importantísimas: que haya adhesión de todas las provincias, un esquema muy eficaz de instancia administrativa a través de comisiones médicas y el respaldo de la Corte Suprema”, sintetizó Humphreys.

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