¿Auxilio o expropiación?

Especialistas y legisladores coinciden en que el auxilio estatal es crucial para atravesar la crisis económica. Pero para la oposición las expropiaciones son un error.

 

La pandemia forzó una intervención masiva del Estado en la economía a nivel global. Con matices, en todos los países los gobiernos auxiliaron a los sectores más afectados. Pero en Argentina el caso de Vicentin puso a las expropiaciones como tema central. Aunque se trata de un caso particular, ya que se sospecha una malversación de créditos otorgados por la banca pública, lo que colocaría al Estado como acreedor interesado.

Este tema motivó a políticos y economistas a conversar con NBS Bancos y Seguros acerca del rol del Estado en esta etapa de la pandemia.

 

Un Estado activo en la emergencia

Para empezar, Fernando Grasso, ex secretario de Industria del gobierno de Mauricio Macri y actualmente director de la consultora E&G Asociados, consideró que el Estado fuerte es algo que se está viendo en todos los países. “El impacto del aislamiento sobre las actividades económicas obliga a minimizar el daño estructural sobre el aparato productivo. Los países lo van haciendo de diferentes maneras dependiendo de la situación y de sus capacidades. De su estructura y del perfil de los sectores”, sostuvo.

Del mismo modo, Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano, señaló: “El principal papel del Estado es arbitrar los medios necesarios para lograr una mínima cantidad de víctimas fatales tratando de preservar todo lo posible la actividad económica”. Con todo, reflexionó: “Después de 100 días de cuarentena se empiezan a sentir los daños económicos y esto genera la necesidad de poner en marcha una estrategia que, manteniendo el objetivo fundamental de preservar vidas, también preserve la salud económica”.

Federico Pinedo, ex presidente del Senado y referente del Pro, coincidió: “El Estado también debe dar solución a la parálisis económica. Debe mantener viva una economía evitando la quiebra masiva de actividades que serían sustentables sin la pandemia”. Con ese propósito, el senador destacó que “debe generar ingresos para la población para evitar un colapso humanitario”. Aunque también fue crítico: “En otros países eso se hace con crédito o usando fondos anticíclicos. Acá se financia con emisión monetaria y déficit fiscal”.

 

La cuarentena en contexto

En ese contexto, Grasso destacó: “Aunque lográramos volver al punto de partida previo a la pandemia, igual arrastramos doce años de estancamiento”.

Por su parte, la senadora oficialista García Larraburu agregó al diagnóstico de la situación: “El principal problema económico que tenemos es el descomunal endeudamiento, además de la recesión con inflación y la pobreza”.

Para lograr la reactivación Grasso señaló: “El Estado tiene que intervenir alentando un desarrollo del sector privado en el sentido de potenciar la actividad; fijar reglas claras, generar condiciones de estabilidad y menor incertidumbre a futuro desde el punto de vista del marco impositivo, laboral y de los incentivos”.

 

Un frente de tormenta

El caso Vicentin como posible expropiación de una empresa privada generó manifestaciones negativas.

Pinedo consideró que con eso “el gobierno mandó el mensaje de que cualquier cosa es posible, de que la Argentina no tendrá reglas claras ni conocidas; hay que generar confianza, no sorpresas arbitrarias del gobierno”.

Por su parte, y desde un lugar más neutral, Beker destacó: “Además de ser inconstitucional, porque no se puede tomar una medida de esa naturaleza con un decreto cuando el Congreso está funcionando, fue un error que se corrigió parcialmente. Una reacción visceral y una mala señal para la actividad productiva”.

Para García Larraburu, sin embargo, “el Estado no está entrometiéndose en el sector privado sino más bien exigiendo que no se defraude al Estado y sujetarse a las leyes”. Y añadió: “El Estado, en su conjunto, debe apuntar siempre al funcionamiento de la empresa. No sólo porque son un motor de la economía sino porque generan fuentes de trabajo”.

 

El desafío de las quiebras masivas

Para hacer frente a un escenario negativo, García Larraburu opinó: “Es fundamental frenar los pedidos de quiebra a pedido de deudores y evitar que los bancos, entre otros, pidan el cierre de empresas y se pierdan empleos”.

Como respuesta, Pinedo adelantó: “Hemos propuesto en el Congreso un paquete de leyes para que haya acuerdos privados de acreedores que impidan los pedidos de quiebra. Se los hemos dado al ministro de Producción. Pero el Gobierno no avanzó en nada”.

Según Grasso es necesario analizar caso por caso: “Puede ser que el sector privado no haya generado condiciones para su supervivencia. Ahí se hace más difícil. Una cosa es un rescate financiero que puede tener una empresa sana en sus fundamentos. Allí el Estado puede intervenir puntualmente generando ese puente entre la situación actual y la futura.”

Para Beker, en primer lugar es precisa la moratoria impositiva y de las deudas con el sistema financiero. Por eso también coincidió con modificar la ley de quiebras y buscar medidas para que el Estado y las compañías busquen la forma de salvar las fuentes de empleo.

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