El acuerdo Mercosur – UE profundiza la necesidad por una política de estado sobre competitividad en Argentina

La problemática de la falta de competitividad de la economía argentina no es nueva, es un reclamo de años, quizá décadas. Constituye una de las principales razones por las que no se genera un crecimiento sostenido de las exportaciones argentinas, y por ende resulta uno de los factores por los cuales caemos recurrentemente en crisis externas, por déficit de Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos, lo cual se traduce finalmente en la escasez de dólares en el BCRA. Y con cada crisis empeoran las condiciones sociales, además de los eventos de inseguridad jurídica que suelen traer aparejados, que deterioran la tasa de inversión a largo plazo. Sin competitividad ni crecimiento sostenido de las exportaciones, será difícil bajar la tasa de pobreza a largo plazo.

Con el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea (UE), y un potencial acuerdo que pueda surgir con Estados Unidos, y la mayor exposición que tendrán las empresas locales a la competencia externa, especialmente con países europeos, deviene más urgente e importante fijar una agenda para mejorar la competitividad de la economía argentina, que dados los mayores riesgos que ahora enfrentará la producción local, deberían constituir una verdadera política de estado, con la mirada en el largo plazo, respaldada por todas las fuerzas políticas.

El acuerdo entre Mercosur y Unión Europea (UE)

El acuerdo firmado entre los dos bloques ahora debe entrar en una etapa de revisión legal hasta su firma. Este proceso, que incluye la traducción en más de 30 idiomas oficiales, podría demorar varios meses. Luego deberá pasar por el Congreso de los cuatro países del Mercosur para ser aprobado. También debe contar con el visto bueno del Parlamento Europeo. A eso deben sumarse, los plazos previstos para la vigencia plena del libre comercio entre bloques, con plazos que pueden llegar hasta los 15 años, según los bienes que se trate.

Las pautas generales aún no se encuentran redactadas, sin embargo, los documentos preliminares dejan entrever algunos lineamientos que podrían marcar el rumbo de esta nueva negociación. Por un lado, la liberalización arancelaria – si bien será escalonada en los próximos 10 a 15 años – permite ampliar significativamente el mercado para nuestras exportaciones, aunque resulta claro que genera mejores perspectivas para la producción agroindustrial argentina, en especial para Productos Primarios (PP) y Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), aunque también es claro que genera temores en las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que en el mediano plazo deberán competir con firmas europeas que, en muchos ámbitos, poseen mejores condiciones de competitividad y entorno de negocios que las locales.

En cuanto a las PyMEs, el acuerdo preliminar establece aspectos específicos que buscan impulsar su presencia activa en el comercio birregional y mundial, a través de programas que facilitarían su integración en cadenas globales de valor, asistencia técnica, participación en compras gubernamentales, joint ventures, partenships, bussines networks, transferencia de know how y asistencia financiera, entre otros (si bien falta avanzar en las precisiones).

Competitividad en Mercosur y países de la Unión Europea (UE)

Cuando se discute sobre competitividad puede dividirse el análisis en la Competitividad Cambiaria, ligada a la evolución del tipo de cambio real entre dos monedas, o canasta de monedas, y la Competitividad Estructural de un país, que se halla relacionada a decenas de factores cuya determinación sólo se puede modificar a mediano o largo plazo.

El manejo a futuro de la política cambiaria en Argentina resulta fundamental para la estabilidad y la competitividad del país, tratándose del país con mayor volatilidad de tipo de cambio real en el mundo, en el último medio siglo. Pero además de la volatilidad, han tenido un impacto negativo los períodos de excesiva apreciación cambiaria observados en las últimas décadas (1978-1981, 1995-2001, 2011-2015), que normalmente terminaron con crisis macroeconómicas de cierta magnitud.

Un tipo de cambio apreciado implica que los precios de los bienes no transables se encarecen en el país, cuando se miden en moneda dura. Por caso, lo que ocurrió en algunas oportunidades con la evolución del salario en Argentina, entre mediados de los años noventa y la actualidad. Si se miden en euros, el salario industrial promedio pasó de alrededor de 1.000 a 1.200 euros entre 1999 y 2001, a pesar que Argentina contaba con tipo de cambio fijo contra el dólar en ese período (el euro se depreció frente al dólar).

Con el gran ajuste cambiario de 2002, durante el breve período del Presidente Duhalde, el salario industrial bajó a 370 euros y luego comenzó a recuperarse en el período del Presidente Néstor Kirchner, a partir de un nivel extremadamente bajo. Ya con Cristina Fernández de Kirchner, el salario medido en euros siguió recuperándose, primero por suba de salarios nominales por arriba de la inflación, posteriormente por suba del tipo de cambio por debajo del aumento de los salarios y la inflación, que llevó nuevamente a un fuerte atraso cambiario, y a costos laborales excesivamente altos cuando se los medía en moneda extranjera. Lo anterior no significa necesariamente que los salarios se hallaban altos en poder adquisitivo para los trabajadores, sino que resultaban muy costosos para los productores locales que deben competir con el resto del mundo, es decir, exportadores y sustitutos de importaciones.

La producción industrial comienza a caer en 2012, año en que los salarios en euros suben un 40%, ubicándose ya claramente por arriba del nivel del final de la Convertibilidad. En 2015 alcanzaron un máximo de cerca de 1.800 euros, y la producción industrial seguía estancada o en caída, lo cual ocurre hasta la actualidad. Los problemas de competitividad que generó el tipo de cambio apreciado (y los altos costos de producción locales, medidos en moneda dura), junto a otros factores, llevaron a la pérdida de reservas del BCRA, que resultaban tan bajas en 2014 que derivaron en una fuerte suba del tipo de cambio en 2014, y luego nuevamente en 2016 y 2018, ya con la actual administración de gobierno. En junio de 2019, el salario se ubicaba en 1.060 euros.

La competitividad cambiaria y, por ende, el costo salarial, ha influido en forma importante sobre la evolución del empleo, especialmente el empleo industrial. Cuando el costo salarial, medido en moneda dura, se ubicó en niveles muy bajos en 2002, permitió en años subsiguientes que subas salariales mejoraran el nivel de actividad en el mercado interno, sin poner inicialmente en riesgo la competitividad industrial (exportaciones y sustitutos de importaciones). Luego cuando el salario sobrepasó el nivel de finales de la Convertibilidad, se estancó la creación de empleo industrial. Cuando el salario superó notablemente dichos niveles, el empleo industrial directamente cayó, porque lo que se ganaba de actividad en el mercado interno más que se compensaba por la caída en el empleo ligado a las exportaciones industriales, y a los sustitutos de importaciones.

La suba de salarios en moneda dura visualizada entre 2003 y 2015 fue posible no sólo porque se partió de salarios absolutamente licuados tras la devaluación del peso de 2002, sino también porque en ese período los precios de las commodities alcanzaron niveles récord.

Como se discute en Argentina desde hace décadas, existe un salario de equilibrio para el sector externo. Cuando se intenta sobrepasar dicho nivel (que depende también de los términos de intercambio externos y otros factores), se generan pérdidas de competitividad que terminan llevando a una crisis externa, que normalmente termina con una devaluación de la moneda local (reduce el costo salarial), y permite revertir temporalmente las cuentas externas (por mayores exportaciones, pero especialmente por menores importaciones).

La experiencia de las últimas décadas en materia de competitividad cambiaria, costos salariales y empleo industrial, llevan a concluir que la política de salarios y tipo de cambio deberían calibrarse para evitar situaciones insostenibles que lleven a crisis que derivan luego en caída de salarios y mayor tasa de pobreza. Las negociaciones salariales en los sectores transables de producción no deberían desarrollarse sin tener en cuenta lo que ocurre en materia de costos salariales en países con los que Argentina compite. Se requiere una nueva visión en las negociaciones salariales, la de un país que no está sólo en el mundo, que debe contemplar la existencia de la competencia externa, máxime en el nuevo contexto de mayor inserción internacional.

No subirán los salarios a largo plazo, ni bajará en forma sostenida la tasa de pobreza, si Argentina no genera una economía competitiva que haga crecer fuertemente sus exportaciones, evitando las periódicas crisis por escasez de reservas.

Competitividad estructural en Argentina: Prioridades para definir la agenda

El acuerdo estratégico entre Mercosur y Unión Europea y la posibilidad de un acuerdo con Estados Unidos acelera la necesidad de contar con un plan integral de mejora en la competitividad de la producción local. Para que dichos acuerdos se consoliden como oportunidad, y no sólo como amenaza para el sector industrial local, deben ir acompañados por la aprobación de reformas estructurales y otros cambios focalizados, que permitan mejorar drásticamente los alicaídos índices de competitividad argentina. Por supuesto, una de dichas reformas estructurales necesarias es la laboral, además de la tributaria y de gasto público, entre otras.

Para trazar un plan integral de competitividad, se necesita un diagnóstico también integral, para definir prioridades. Dicho diagnóstico inicial en buena medida ya está realizado. Existen organismos internacionales y entidades académicas que intentan ponerle números a los diferentes componentes de la competitividad estructural. Un caso emblemático es el Índice de Competitividad que construye anualmente el Foro Económico Mundial. Consta de doce capítulos o categorías, y de un índice general. Además, existen decenas de indicadores individuales que se consolidan para formar un capítulo, y éstos para consolidar el índice general. En las tablas que siguen se expone la posición de Argentina y los restantes países del Mercosur, así como de algunos países de la Unión Europea, de ingresos más altos (Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Italia, España) e ingresos más bajos (República Checa, Hungría), estos últimos antes integrantes de Europa del Este. También se incluyen los resultados para Estados Unidos.

En 2018 Argentina se ubicaba en la posición 81° en el ranking general, entre 140 países. Brasil (72°) y Uruguay (53°) resultaban mejor ubicados y Paraguay en peor posición (95°). Alemania se ubicaba en el 3° lugar, Países Bajos en el 6°, España 26° y Hungría 48°. Esto es, Argentina se encuentra en peor situación de competitividad que los países de la UE y que USA, inclusive que varios países de la UE que previamente formaban parte de la Europa del Este.

Por capítulos, la peor posición de Argentina se encuentra en “Estabilidad Macroeconómica”, en la posición 136°. También se halla muy mal ubicada en las condiciones del “Mercado de productos” (120°) y en el “Mercado del Trabajo” (116°). Tampoco es buena la ubicación en el ranking en capítulos de “Sistema Financiero” (97°), “Dinamismo Comercial” (84°), “Instituciones” (77°) e “Infraestructura” (68°). Se halla mejor ubicada en “Salud” (53°), “Recursos Humanos” (51°) y “Tamaño del Mercado” (34°). Argentina se halla mejor ubicada que Brasil en “Dinamismo Comercial”, “Instituciones”, “Acceso a la Tecnología TICs”, “Infraestructura”, “Salud” y “Recursos Humanos”. Hungría se posiciona mejor que Argentina en todos los capítulos, salvo en “Salud” y “Tamaño del Mercado”.

En los indicadores individuales, las peores posiciones de Argentina están dadas en los siguientes:
– Importaciones (138°)
– Inflación (137°)
– Prácticas de contratación y despidos (137°)
– Flexibilidad en la determinación de salarios (137°)
– Crédito doméstico al sector privado (135°)
– Efectos distorsivos de impuestos y subsidios (130°)
– Financiamiento a PyMEs (129°)
– Carga regulatoria (126°)
– Tarifas al comercio (126°)
– Impuestos laborales (123°)

En el ranking de Doing Business del Banco Mundial, las peores posiciones de Argentina entre más de 190 países son las siguientes:
– Permisos de la construcción (174°)
– Pago de impuestos (169°)
– Iniciar un negocio (128°)
– Comercio extra fronterizo (125°)
– Facilidad para hacer negocios (119°)
– Registro de la propiedad (119°)

También en estos indicadores del Banco Mundial Argentina se halla peor ubicada inclusive que los países de la UE que pertenecían a la ex Europa del Este. Resulta claro que debe definirse un Plan General de Competitividad, como política de estado, que se fije metas de mejoras en el tiempo, con responsabilidades en las distintas esferas del gobierno, en los tres niveles de gobierno y con participación y control de los representantes del sector privado.

Desde 2020 tendremos una nueva oportunidad para generar un modelo económico con crecimiento equilibrado entre mercado interno y externo, que no derive en sesgo anti-exportador, y que dé lugar a una expansión sostenida de la economía argentina. Para lograrlo se necesitarán reformas estructurales en materia fiscal (impuestos y gasto) y laboral, y asegurar una economía competitiva, tanto en lo cambiario como en lo estructural. El acuerdo UE-Mercosur requerirá también priorizar esta estrategia, para que resulte sea mejor aprovechado por la producción local de bienes y servicios. Es probable que ello vaya acompañado de una recuperación lenta de la actividad, pero sobre cimientos más sólidos, que permitan sostener un crecimiento a más largo plazo en la producción y el empleo.

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