El Comité de Basilea reguló las pruebas de tensión

Ejecutivos y supervisores lo ven como una herramienta invaluable para optimizar la gestión de los riesgos. 

Las pruebas de tensión (stress tests) se han convertido en una herramienta indispensable para comprobar las fortalezas y debilidades que evidencian tanto los sistemas financieros como las entidades que los integran. Tienen como objetivo proporcionarles, al igual que a sus supervisores y a otras autoridades involucradas, una clara referencia que permita reconocer cualquier signo de alerta sobre una posible perturbación de la continuidad y estabilidad de las condiciones económico-financieras.

Se recurre a estas pruebas como una práctica usual para evaluar la calidad de la administración de los riesgos que hacen a la esencia misma de la actividad y los negocios bancarios. Asimismo, proporcionan una medida precisa del apetito –o la aversión– al riesgo que encauzan los planes comerciales de la entidad, tanto como la compatibilidad de los recursos actuales y venideros con tal orientación.

Para ello, se proponen escenarios hipotéticos, tales como una recesión generalizada, una abrupta caída de la actividad económica con su secuela de retracción de los créditos y un aumento significativo de su morosidad, un incremento del desempleo o estallidos de burbujas, como las de las empresas tecnológicas o del mercado inmobiliario de los Estados Unidos. Es decir que se simulan situaciones de severos conflictos que los bancos deberían sobrellevar, para los cuales deberían disponer de recursos tanto cuantitativos como cualitativos.

También queda sujeta a análisis su viabilidad, en la cual influirán la inmediatez de su obtención y su adaptabilidad a las particulares condiciones que presenta el banco en cuestión y su interoperabilidad, ya que las dificultades pueden incidir en un aspecto en particular, como lo sería una crisis de liquidez, o en combinación con otros factores lesivos, lo que seguramente potenciaría su repercusión.

A diferencia de lo que se controlaba en el pasado, la evaluación no sólo contempla los préstamos o la protección de los activos sino también la eventual ocurrencia de contingencias operacionales, la gobernanza, la capacidad de obtener recursos de capital o liquidez. Se somete a revisión hasta el último resquicio de todas las funciones y responsabilidades por el cual pudiera filtrarse un trastorno crítico que afectare su normal desenvolvimiento.

En los últimos años estos méritos han permitido a los ejecutivos y supervisores bancarios una mejor comprensión de las potencialidades de los stress tests como una herramienta invaluable para optimizar la gestión de los riesgos.

En este contexto el Comité de Basilea advirtió la importancia de actualizar y reforzar su marco regulatorio prudencial. La versión original era de mayo del año 2009, cuando por imperio de la crisis financiera se vio forzado a extremar las precauciones para resguardar la actividad bancaria. Quedó en evidencia que las guías resultaban insuficientes para cubrir las distintas prácticas y diseños de escenarios a los que ya todos recurrían.

Era evidente la necesidad de incorporar esta nueva realidad en una norma que recogiera los distintos enfoques para incluirlos en una regulación uniforme y abarcativa de las distintas modalidades, la cual se ha convertido en una exigencia obligatoria para los bancos sistémicos internacionalmente activos o para aquellos relevantes para su entorno de los países miembros del Comité.

El documento que contiene la nueva regulación no constituye un estándar, es decir una norma de cumplimiento obligatorio, sino que es una guía de conducta que remarca las pautas fundamentales que rigen los objetivos, políticas, procesos, recursos y documentación que deben aplicarse para el mejor uso y supervisión de los stress tests.

Es de prever que esta regulación se concrete en acciones que incorporen los conceptos enunciados como un componente crítico en las evaluaciones que se practiquen de ahora en adelante en los bancos de gran envergadura. Se entiende, de todos modos, que, por el principio de la discrecionalidad que se ha adoptado recientemente, las entidades de menor porte y sus autoridades del control competentes pueden recurrir a aquellos conceptos y evaluaciones que mejor las ilustren sobre el eventual impacto que sufrirían si se convirtiera en realidad alguno de los distintos escenarios adversos que proponen los diseñadores de la prueba para asegurarse de la resiliencia y fortaleza de quienes deben someterse a tales ensayos.

La trascendencia que se le otorga a este asunto es tal que la regulación insiste en la adopción de diversas medidas que se explicitan en los principios que conforman la nueva norma. Entre ellas, se incluye la creación de una función a cumplir por un compliance officer especial, designado para llevar a cabo el control estratégico de los riesgos del negocio, quien debe reunir la suficiente jerarquía, independencia y conocimientos.

Su opinión debe tener una influencia decisiva en la máximas autoridades de la entidad financiera en temas no sólo comerciales sino también operativos, reputacionales o de gobernanza, con especial énfasis en la suficiencia del capital, la estimación de la liquidez y la certificación del completo acabado de todos los detalles del proceso en cuestión.

También se han emitido varios documentos de menor jerarquía normativa referidos a la utilización de distintas metodologías, taxonomía de las pruebas, análisis de sensibilidad, elaborados para facilitar la interpretación y aplicación de este requisito prudencial.

El material se organiza describiendo cada principio y agregando en cada uno indicaciones adicionales de orientación e interpretación, tanto para los bancos como para los supervisores.

El primer principio establece que las pruebas de tensión deben tener objetivos definidos clara y formalmente. Los métodos de ejecución, los sistemas empleados y la documentación utilizada deben ser aprobados por las máximas autoridades del banco. Se entiende que los mismos deben ser coherentes con el apetito de la gestión de riesgo propia o con la que fije la autoridad competente que dispuso la realización del test.

Según dicho principio, todos los participantes de la práctica deben comprender cabalmente el objetivo y los alcances propuestos. Estos últimos, en particular, deben evidenciar una cabal capacidad estratégica para facilitar una adecuada planificación del capital y de la liquidez que resultarían necesarios en el hipotético caso de concretarse las amenazas a la continuidad operativa.

En lo que corresponde a las autoridades, podrán evaluar el nivel y calidad de las relaciones técnicas y completar la información recogida por otros canales, como puede ser una inspección in situ o el régimen informativo, para cuantificar el perfil de riesgo tanto de una entidad en particular como la del sistema en su conjunto y obtener información que consolide la confianza y disciplina del mercado.

Tanto los presupuestos que serán utilizados como los resultados del examen deben ser comunicados públicamente, aunque este último requisito en la práctica suele estar subordinado a consideraciones políticas o económicas.

En la próxima edición se continuará con los principios segundo a sexto, que remarcan que las pruebas deben mejorar las prácticas vigentes, para lo cual deben ser severas y respaldadas por el total compromiso de la entidad bancaria.

Este artículo fue elaborado por Consultores Bancarios Asociados

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