Fraude Pandemia

El otro costo de la COVID-19: las ART alertan por fraudes

Ya se habla de posibles juicios por contraer coronavirus en el ámbito laboral. Desde el inicio de la pandemia, las ART llevan atendidos 300.000 casos.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, en Argentina hubo más de cuatro millones de contagios y murieron más de 86.000 personas, según Johns Hopkins University & Medicine Center. Con esto las aseguradoras de riesgo del trabajo (ART) suman una nueva preocupación: la suba de fraudes que pueden impulsar una nueva e incipiente industria del juicio.

“La pandemia agudizó los tipos de fraudes tanto de enfermedad (física y psicológica), como bancarios o tecnológicos”, sostuvo Juan Carlos Cerutti, especialista en Derecho del Trabajo y director de Plan A.

El coronavirus fue incorporado a la cobertura como enfermedad profesional no listada. En un primer momento, en 2020, se cubrió a los trabajadores considerados esenciales, es decir, los excluidos del aislamiento. Pero a los 60 días de terminados dichos aislamientos en cada zona, la cobertura dejaba de tener efecto.

Nueva cobertura

Sin embargo, con la segunda ola, las autoridades decidieron cubrir a todos los trabajadores que realizaran tareas fuera de su domicilio. Y fue necesario atender a trabajadores contagiados. Desde la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) comentaron que el sector lleva atendidos más de 300.000 casos. Además, afirmaron que está a cargo del Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, pero que será insuficiente y necesita ser refondeado.

Para incluir ese servicio de atención de una enfermedad nueva, se requirió una reingeniería de gestión y un rearmado de planteles.

En el mundo laboral se asistió a nuevas formas de evitar concurrir al trabajo, basándose en abusos de la buena fe. “Hay situaciones en las que es imposible verificar la veracidad de los hechos y esto derivó en el aprovechamiento de algunos por sobre la buena actuación de la mayoría”, agregó Cerutti.

El especialista alertó: “Así como vimos a empleados faltar sin justificativo real, vimos a empleadores obligar a trabajar al personal sin los cuidados pertinentes y falseando certificados de circulación. Es de prever que habrá reclamos infundados o con argumentos forzados sobre la responsabilidad de la ART o del empleador sobre un caso de COVID-19. Es complejo saber si la persona se contagió en el trabajo”.

Y es que, justamente, se habla de fraude en riesgos del trabajo cuando el accidentado reclama por un siniestro que no ocurrió en el ámbito laboral o exagera el mecanismo accidentológico, la patología o incapacidad para obtener un rédito mayor.

Impacto judicial

El eventual impacto judicial aún no está claro, pero el tema preocupa, ya que puede transformarse en una nueva fuente de demandas. Voces del sector coinciden en que creció el volumen de siniestros atendidos. Si bien al principio del aislamiento social preventivo y obligatorio algunos mecanismos se vieron en baja, pronto empezaron a identificarse esquemas fraudulentos vinculados al teletrabajo.

La ART es un seguro obligatorio que contrata el empleador para ser asesorado en las medidas de prevención y para reparar los daños en casos de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales. Pero rechazar un posible siniestro fraudulento sin pruebas suficientes puede ser un perjuicio mayor para la ART.

En este contexto, los expertos sugieren estar atentos a cómo avanza la siniestralidad y a su impacto en sede judicial y, sobre todo, tener en cuenta que es un mercado golpeado por el exceso de litigiosidad. También recomiendan tener indicadores para detectar fraudes y capacitar al personal para que sepa identificar indicios y pueda alertar sobre posibles acciones fraudulentas.

“La amenaza judicial sólo puede encarrilarse si la Justicia, como exigió la ley 27.348/17 de Reforma del Sistema de Riesgos del Trabajo, conformase los Cuerpos Médicos Forenses”, afirmaron desde la UART.

Se trata de nuevas estructuras periciales, integradas por profesionales elegidos por concurso. Estos peritos cobrarían honorarios por acto médico y no a porcentaje del monto de la sentencia. De este modo deberían establecer los porcentajes de incapacidades en función del baremo que integra la ley, al igual que lo hacen las comisiones médicas del sistema. “De esta manera, no se abrirían brechas entre lo administrativo y lo judicial, con lo cual no tendría sentido litigar. Es temprano para hablar de incidencia judicial de enfermedad por COVID-19, pero es un tema que nos mantiene en alerta”, cerraron desde la UART.