Más impuestos para salir de la emergencia

La nueva ley apunta a engrosar la recaudación más que a moderar los gastos. Con todo, los economistas aseguran que el éxito de las primeras medidas del gobierno de Alberto Fernández estará atado al resultado de la reestructuración de la deuda con el FMI y los acreedores privados.

 

La Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva presentada por el Ejecutivo para su aprobación en el Congreso Nacional contiene los lineamientos básicos de un plan de emergencia que permitirá transitar el primer semestre del gobierno de Alberto Fernández. Su propósito, y así lo reflejaron los mercados una vez aprobada, es el de garantizar el cumplimiento con los acreedores nacionales e internacionales.

Al mismo tiempo, para que esas medidas se consoliden en un programa económico, será fundamental el éxito en la renegociación de la deuda que afrontará el Gobierno durante ese mismo período. NBS Bancos y Seguros entrevistó a diferentes economistas para evaluar los alcances de las medidas propuestas por el ejecutivo.

Sobre el proyecto en general, Orlando Ferreres, director de la consultora homónima, señaló: “Básicamente aumentan mucho los impuestos y bajan gastos, como las jubilaciones, a la vez que otorgan bonos para la gente de menores recursos”. Para el economista “podría generar una suerte de superávit gemelos tanto en la parte de comercio exterior como un superávit fiscal, al menos en la parte primaria. Volveríamos al inicio del Gobierno de los Kirchner”.

Manuel Solanet, en tanto, consideró que “hay muchas sombras y algunas luces en este primer programa”. Para el director de la consultora Libertad y Progreso, “es una ley ómnibus a la que no se le puso el título de emergencia para que sea más convocante. Pero en esencia es un mecanismo de ajuste. Es positiva la intención de cumplir con los compromisos de la deuda y negativa la insistencia en un control de cambios muy intenso y la búsqueda de un equilibrio fiscal en la suba de impuestos más que en la reducción de los gastos”.

En la visión de Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, “lo positivo de la Ley es que el Gobierno se muestra efectivamente con voluntad de pagar la deuda. El discurso es real y se está traduciendo en los hechos”. Además, destacó, que “el mercado sobrerreaccionó. Si hubieran sabido que estas serían las primeras medidas de Alberto Fernández, el dólar no habría llegado a 60 pesos y el riesgo país no habría alcanzado los 2.500 puntos. Pensaban que íbamos a un escenario mucho más belicoso”.

“La mayoría de los gravámenes son progresivos, con lo cual se está intentando no cargar la crisis sobre los sectores de menores recursos que, más allá de la cuestión moral, tienen un impacto en la reactivación de la economía”, agregó Rajnerman.

Según Martín Kalos, economista jefe de Elipsys, la Ley cumple con dos premisas a la vez. “Por un lado, mejora la perspectiva fiscal porque recauda más de lo que gasta y, por el otro, ese gasto está destinado a atender urgencias productivas y laborales, transfiriendo recursos a los sectores más vulnerables ante la crisis”, analizó. Por eso, continuó, “es una medida muy razonable para lo que se necesita hoy. Es la mirada que tomó el mercado porque entiende que se está buscando regenerar la capacidad de pago de la deuda para los próximos meses”.

En el mismo sentido, Ferreres destacó que la aprobación “le cayó bien a la gente que tiene que cobrar deuda del Estado y por eso subieron las acciones y los bonos y bajó el riesgo país. Es un resumen práctico. Es muy dura, sobre todo para los que tienen que poner el dinero, que son la clase media y alta que, en su mayoría, son votantes macristas”.

En esa línea, Kalos sostuvo: “Ayuda en la renegociación de la deuda porque el Gobierno muestra muñeca política incluso para tocar temas sensibles, como el de la movilidad jubilatoria. Muestra voluntad y capacidad para generar espacio fiscal y pagar la deuda una vez que se haya renegociado un perfil sustentable. Mientras, hay que seguir definiendo cómo atacar los otros dos problemas, que son la inflación y el crecimiento”.

Por su parte, Rajnerman, señaló algunos puntos de la Ley con los que no acuerda. “Lo negativo es que salió apurada por la situación apremiante. Podría mejorarse con retenciones más progresivas, asociando la alícuota al precio internacional o al agregado de valor. Se privilegió el tiempo sobre la forma”, dijo. A la vez sumó: “El impuesto al dólar turista y atesoramiento, a este tipo de cambio, no es tan necesario. El Gobierno se está dando margen para atrasarlo”.

 

Más recaudación y menos gasto

 

La Ley de Solidaridad buscará más ingresos por la vía impositiva y deja el gasto sujeto a las decisiones del Ejecutivo. Al respecto, Solanet apuntó: “La no reducción de gastos no parece tener la prudencia que podría haber tenido con una disminución de la burocracia o una depuración de los planes sociales. Se dio por el lado de los jubilados y va a generar muchos juicios”.

El director de Políticas Públicas de Libertad y Progreso se lamentó por “el crecimiento de los impuestos a las exportaciones, que dejaron al campo como el gran contribuyente de este ajuste. Se ha insistido en gravar los patrimonios también con un criterio redistributivo pero, en definitiva, desalentando el ahorro”.

Consultado sobre cuánto podría mejorar la recaudación, Ferreres anticipó: “Es difícil saber exactamente pero estimamos una suba de la recaudación de entre 1,5% y 1,9% del PBI. Como el déficit primario está en un 0,5% daría un superávit primario para 2020. Para el gasto hay que esperar a ver qué aumento habrá para los jubilados y salarios. Pero van quedar atrás de la fórmula de movilidad, sino, no se hubiera sacado una ley para prohibirla, no van a rifar el aumento de impuestos”.

Matías Rajnerman se manifestó en la misma línea: “La recaudación que le queda al sector público no financiero sin los impuestos que se coparticipan va a subir un 1,5% del PBI en un escenario base recesivo, porque el PBI va a caer un 1,5%”.

Con todo, continuó, “el saldo depende de las jubilaciones y pensiones, que representan seis de cada diez pesos que gasta el Estado Nacional. El Gobierno está dándose margen. Si la negociación de la deuda viene bien, darán un poco más de aumento”.

Para Solanet, la reducción del gasto es transitoria. “No va a haber una disminución física del gasto en materia de aparato burocrático y depuración de planes sociales. Además al congelar las tarifas de servicios públicos, las empresas van a exigir subsidios”, aseguró.

El economista pronosticó un “efecto Laffer, que demostró empíricamente que cuando se aumentan fuertemente los impuestos la recaudación no crece en la misma proporción. Se van a dar procesos de elusión: aumentarán las subfacturaciones por derechos de exportación y las dobles facturaciones en importaciones”. Y agregó: “La presión impositiva va a llegar a un 35% del PBI. La inflación va a agregar algunos puntos más. Sigue siendo altísima con relación a otros países de la región”.

En el mismo sentido, Ferreres se quejó: “La presión fiscal es una locura comparada con la región y el mundo ya era muy alta y ahora lo es todavía más”. Y ejemplificó: “Para la soja, el derecho a la exportación llega al 35% y con el resto de los impuestos supera el 50% del precio. Es muy alto el impacto en sectores que podrían invertir y ahora van a gastar en impuestos”.

 

Financiamiento monetario al Tesoro

 

El acuerdo original con el FMI pautaba un congelamiento de la emisión monetaria. El derrotero de la economía desarticuló ese propósito ya bajo la gestión de Hernán Lacunza. Y continuó en las primeras semanas del Gobierno de Alberto Fernández, con el Banco Central (BCRA) inyectando pesos mediante adelantos transitorios, compra de divisas y desarme de pasivos remunerados.

“Habrá expansión monetaria por el superávit comercial, porque hay que emitir para comprar esos dólares. También para pagar deuda y cancelar Leliq”, adelantó Ferreres.

En cambio, Kalos puntualizó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el Gobierno “son conscientes de que no pueden financiarse en forma sustantiva con emisión, aunque es una herramienta disponible. El Gobierno siguió usando los fondos transitorios que dejó Macri porque no dejaron otra fuente de financiamiento. Se busca que la emisión no sea la fuente primordial sino que ayude a solucionar problemas transitorios”. Con todo, aclaró: “Luego de la negociación de la deuda habrá que esperar un tiempo para volver al mercado”.

Solanet coincidió en la necesidad de expansión monetaria durante la primera parte de la gestión. “La emisión va a ser necesaria, sobre todo en los primeros meses, porque estas medidas van a tener impacto retrasado mientras que el gasto es una exigencia perentoria. Se están cumpliendo los compromisos de la deuda, de manera que va a haber emisión y luego se verá en la evolución del gasto y la recaudación”.

Por su parte, Rajnerman consideró: “Guzmán siempre dijo que la emisión en este contexto es ‘desestabilizante’. Se arroga poderes de ‘superministro’ porque habla de política monetaria cuando no le corresponde. La emisión debería ser acotada y tiene que quedar rezagada para comprar el superávit comercial”.

 

Una base todavía inestable

 

El concepto de la Ley de Solidaridad es atravesar la situación de emergencia a la espera de tener en claro el escenario financiero luego de la renegociación con el FMI y los acreedores privados. Consultados sobre si esta normativa contiene las bases para dar comienzo a un ciclo de crecimiento, los economistas coincidieron en que hay que esperar el resultado de esa negociación.

Solanet y Ferreres fueron los más tajantes en ese sentido. “En el largo plazo, las medidas no impulsan el crecimiento porque desalientan la inversión. En el corto, puede haber habido un impulso a la confianza por el compromiso del Gobierno de cumplir con la deuda”, afirmó el economista de Libertad y Progreso.

Ferreres, en tanto, aseguró: “La reactivación es difícil que se dé con impuestos y con prohibición de aumentos de precios. YPF iba a aumentar un 10% y terminó en cero. Obviamente depende mucho de cómo vengan los aumentos a los jubilados y empleados públicos porque ahí se verá el poder de compra de la gente. De enero a diciembre puede haber un pequeño aumento del PBI, pero el promedio del año va a dar negativo”.

Algo más cauto, Kalos opinó: “Es una ley de emergencia y debe ser entendida como tal. Está ganando tiempo y espacio mientras se dirimen otras cuestiones de fondo como la negociación de la deuda, qué políticas de desarrollo pueden generar y qué escenario inflacionario habrá”. Y añadió: “El paquete puede convertirse en un programa de estabilización si es que hay una renegociación exitosa de la deuda. Si no, seguirá siendo un paquete de emergencia y no parte de un programa de crecimiento”.

Desde Ecolatina, Rajnerman pronosticó que “la reactivación de la economía queda para el segundo semestre. La negociación de la deuda va a alinear las expectativas para un lado o el otro. Si esa negociación va bien hacia abril, la economía puede empezar a recuperarse. Caso contrario, habrá presión sobre el dólar blue, inflación por expectativas, los salarios no se van a recuperar y aumentará el ahorro contra el consumo. Es un escenario binario y dicotómico”.

Sobre la negociación de la deuda, el economista de Ecolatina sostuvo: “La pregunta que hay que responder es si la deuda que tenemos es pagable en condiciones normales, y si lo es en estas condiciones excepcionalmente malas. Si hubiera una situación normal, no tendría sentido la quita. El Gobierno va a jugar a que el FMI se pelee con los acreedores privados. La estrategia es decir: ‘Esto es lo que hay, ustedes decidan cómo se lo reparten’. Además, van a jugar con las tasas de interés internacionales, que están muy bajas. Con una quita importante van a seguir siendo rentables”.

 

Déficit primario y superávit comercial

 

Otro de los puntos olvidados del acuerdo con el FMI, pero que podría volver a presentarse en la renegociación con los acreedores, es la necesidad de garantizar el equilibrio primario. Al respecto, Solanet indicó: “Es difícil hacer un vaticinio sobre el déficit fiscal en 2020. No van a lograr llegar a cero en el déficit primario y tenemos compromisos de deuda por un 3% del PBI, de manera que el déficit financiero, que es el que interesa, va a estar, al menos, arriba de tres puntos del Producto”.

Por su parte, Rajnerman, proyectó: “Vemos superávit en la cuenta, sobre todo en la primera parte del año porque sale la cosecha gruesa. La cuenta de capitales está cerrada desde el 28 de octubre. Sin desembolsos del FMI vamos a un margen cero”.

Kalos, en tanto, estimó: “Se puede pensar en alcanzar un equilibrio primario pero el Gobierno va a apuntar a un leve déficit”. De todas maneras, aclaró: “Va a depender de la negociación con los acreedores privados. Si le exigen un equilibrio, el Gobierno puede llegar, pero se sentiría más cómodo con un leve déficit primario que le dé margen de gasto para paliar los efectos de la crisis laboral, productiva y social”.

Ferreres agregó la cuestión de los controles cambiarios en su proyección de balanza comercial. “El desdoblamiento que había hecho Macri se endureció. Hay una dispersión muy grande del tipo de cambio. Las exportaciones están jugadas, porque ya se sembró la cosecha gruesa. Va a haber superávit comercial firme de unos 15.000 millones de dólares para 2020”, expresó.

De acuerdo con Solanet, las medidas que tomó el Gobierno “van a afectar negativamente en la balanza comercial porque el aumento de las retenciones va a reducir las exportaciones de productos primarios e industriales. El tipo de cambio va a perder su nivel real y eso va a impactar en las importaciones. La holgura que teníamos en la balanza comercial a fines del mandato de Macri se va a perder”.

Por el contrario, Martín Kalos estimó: “La balanza comercial va a seguir superavitaria porque el país va a tardar en salir de la recesión y la política de comercio exterior va a generar que las importaciones sigan siendo bajas en términos históricos. Las exportaciones  van a seguir en los niveles de estos años, generando un superávit comercial relevante que el Gobierno podrá captar mientras siga el ‘supercepo’. Con eso podrá pagar vencimientos de deuda y engrosar reservas”.

Sobre el desdoblamiento consideró que “el Gobierno definió una priorización de la importación de bienes de capital, insumos y bienes de consumo a un dólar más barato. El dólar oficial rige para las importaciones y el pago de deuda, para que no impacte en la inflación. Hay una decisión política de gravar a los que tienen posibilidad de viajar o ahorrar”.

Para Rajnerman, finalmente, la política cambiaria es propia de una situación de emergencia. En ese sentido, descartó por ahora un desdoblamiento formal del tipo de cambio. “Será para una situación más grave en caso de que salga mal la negociación de la deuda. Si sale bien, con este cepo estaría bien”, cerró.

 

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